Multar a los padres para afrontar el problema.

Elena G. Sevillano y Manuel Altozano explican en su artículo de "El País" que el Estado podrá multar a los padres que no impidan las borracheras graves de sus hijos:

"Es sólo una propuesta y ni siquiera está redactada en un proyecto o borrador de texto legal. El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PND), Francisco Babín, propuso ayer que los padres puedan ser multados en caso de que sus hijos menores acudan reiteradamente a urgencias con una intoxicación o coma etílico. El objetivo no es penalizar la conducta de los adolescentes, sino la falta de diligencia en el cuidado o la tutela que los padres demuestran al permitir que se repitan esos atracones. “Tolerar o favorecer por inacción el consumo excesivo y reiterado de alcohol es una forma de maltrato hacia el menor, porque afecta a sus capacidades futuras”, asegura Babín. “No olvidemos que el alcohol mata neuronas”, añade el delegado del PND, dependiente del Ministerio de Sanidad.

El ministerio estudia incluir ese tipo de sanciones —de las que, por el momento, se desconoce la cuantía— en el anteproyecto de ley para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad que ya anunció la ministra Ana Mato el pasado 13 de abril en el Senado.

Existen básicamente dos perfiles de pacientes que llegan a urgencias con una intoxicación etílica, los alcohólicos y los adolescentes que proceden de fiestas o lugares de ocio y es muy raro el reincidente del segundo perfil."

En mi opinión, es una reforma un tanto exagerada. Es cierto que hay que poner solución, pero también es conveniente barajar otras alternativas. No creo que este problema se solucione a base de multas ni que se reduzca la incidencia y la reincidencia en las intoxicaciones etílicas. Pienso que esto es parte de la hipocresía del Estado y que uno de los fines que pretende conseguir, por no decir el más importante, es recaudar dinero, no la protección del menor. También pienso que los Servicios Sociales deben velar por los menores, controlando la educación que reciban de sus padres, pero no metiéndose de pleno en ella.

Programas sociales, más información, talleres o simplemente dejar de reformar el sistema educativo serían varias de las alternativas para afrontar el problema de los menores con el alcohol. Desde mi punto de vista, el problema hay que erradicarlo de raíz, hay que preguntarse el por qué de esos comas etílicos y empezar a trabajar desde la base, no recurrir a multas que lo único que provocan es que el adolescente evite acudir al hospital por miedo a la sanción.

Otro de los obstáculos que trae esta reforma es la Ley de Autonomía del Paciente, que establece la mayoría de edad sanitaria en los 16 años. No es necesario informar a los padres o tutores del ingreso hospitalario de un menor de 16 a 18 años. La ley, sin embargo, prevé una salvedad en caso de “actuación de grave riesgo” para la persona. Es decir, la futura ley que regule la propuesta podría reformar la autonomía del paciente en caso de que estuviera en conflicto con ella, y mi pregunta es:¿a qué precio estamos dispuestos a reformar nuestra autonomía?.

 

Rocío Moreno