Desahucios

Según el artículo 47 de la Constitución Española, “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” 

Pues bien, desde el año 2008, España ha registrado más de 400.000 desahucios, que, según la RAE, consiste en el desalojo o expulsión de un inquilino mediante una acción legal.

Hoy en día y a raíz de la crisis económica, miles de familias tienen que abandonar forzosamente su vivienda habitual, al igual que miles de empresarios, que se ven obligados a ceder sus fincas o lugares de trabajo por impago de hipoteca.

Este hecho no respeta la autonomía de la persona, y menos su bienestar. Tener vivienda es un derecho humano, y como bien dice la ley, los poderes públicos serán los encargados de promover todo aquello que sea necesario para hacer efectivo este derecho.

En mi opinión, vivimos en un Estado de bienestar que no garantiza a sus habitantes una vivienda digna, un Estado que permite el rescate de la banca sin juzgar a los banqueros, o lo que es peor, un Estado que permite una violencia económica que en muchos casos desemboca en el suicidio de la víctima.

Permitir la expulsión de sus casas a los españoles más afectados por la crisis hace que la idea de libertad, democracia y autonomía en España pierdan todo su valor.

Es cierto que se ha tratado de paliar los desahucios, se ha intentado renegociar con cambios en las condiciones o reestructuración del contrato hipotecario, se ha tratado de reconducir o se ha pretendido llegar a acuerdos. Pero también es cierto que esta prórroga diseñada para los casos extremos sigue teniendo contra las cuerdas a los más afectados y, como buen paliativo, sólo suaviza el dolor de esas personas que viven asfixiadas por las deudas hipotecarias.

En conclusión, veo necesario un cambio legislativo ya que hay algo que va mal, tanto en la estructuración de la ley como en la ejecución de esta. Aparte de privar a la gente de su hogar habiendo miles de viviendas vacías, esta ley no se aplica según la realidad social, algo que obliga el Código Civil.

Rocío Moreno